El Estado debe demostrar que su prioridad no es recaudar con sanciones desmedidas, sino proteger vidas y garantizar una seguridad vial real.
Las multas de tránsito deben ser proporcionales y justas, porque de ello depende la confianza ciudadana en el sistema. Cuando se vuelven abusivas, se pierde de vista su propósito esencial: proteger vidas y educar en seguridad vial, no recaudar a cualquier costo.
Tomemos un ejemplo concreto. Un conductor con un vehículo de apenas cuatro años, en perfecto estado, se atrasa un solo día en la revisión técnica y recibe como sanción el internamiento de su unidad, una multa de S/ 2,575.00 sin posibilidad de descuento y 50 puntos en su récord. En contraste, miles de vehículos antiguos y en mal estado —sin luces y en condiciones precarias— “milagrosamente” aprueban la revisión técnica y, si son fiscalizados, apenas enfrentan una multa de S/ 73.00, siempre que paguen dentro de los cinco días.
Tampoco resulta razonable la multa de S/ 963.00 y 50 puntos por exceder la velocidad en solo 5 km/h. La reducción de los límites máximos a 30 km/h en calles y jirones, y a 50 km/h en avenidas, ha ralentizado el tránsito al punto de que Lima figura entre las ciudades más congestionadas de América Latina. Por temor a perder la licencia, muchos conductores circulan a apenas 25 km/h. En lugar de colocar cinemómetros en zonas de alto riesgo, las autoridades suelen instalarlos en tramos despejados, lo que revela un interés recaudatorio más que una auténtica preocupación por la seguridad vial.
Las cifras confirman la ineficacia del sistema: los fallecidos no han disminuido tras la reducción de las velocidades; por el contrario, han aumentado. El verdadero problema del Perú no es el exceso de velocidad, sino la falta de cultura vial, la antigüedad del parque automotor y la escasa rigurosidad de las revisiones técnicas. Ejemplos sobran: un camión de 40 toneladas sin frenos es un peligro incluso a menos de 30 km/h, y todavía más si circula por el carril izquierdo, como suele suceder. La probabilidad de sobrevivir a una colisión con un vehículo así es mínima, especialmente si otro camión va delante.
Esta incoherencia deslegitima el sistema y vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución, que establece que las sanciones administrativas deben ser adecuadas y razonables frente a la falta cometida. Además, el actual esquema fomenta la corrupción: sanciones arbitrarias e inconsistentes generan incentivos para acuerdos informales y facilitan que los malos actores evadan los controles. Así, un ciudadano que cuida su vehículo y respeta las normas termina siendo castigado de forma desproporcionada, mientras la informalidad y la inseguridad permanecen impunes.
El país necesita un marco sancionador equilibrado y creíble, que distinga entre errores administrativos menores y conductas realmente peligrosas, y que agrave las sanciones en caso de reincidencia. En esa línea, la transición hacia un sistema de multas electrónicas permitiría mayor transparencia y proporcionalidad. Por ejemplo, la primera detección de un vehículo con revisión técnica vencida podría generar una multa electrónica razonable a modo de advertencia; si reincide, la sanción se incrementaría progresivamente. Las cámaras y registros digitales deben enfocarse en riesgos reales y reducir la discrecionalidad humana que hoy abre la puerta a la corrupción.
Las sanciones deben ser lo suficientemente severas para disuadir, pero también justas y proporcionales para ser aceptadas.
El mensaje es claro: la seguridad vial no se construye con castigos desmedidos, sino con justicia, educación y coherencia. Solo así los ciudadanos confiarán en el sistema y respetarán las normas.
